Mediante el tratamiento en conjunto de los proyectos presentados por los Diputados Simoniello, Aranda y Ramirez, la Cámara Baja ha resuelto adherir a la Ley Nacional Nº 25.854 que creó el "Registro Único de Aspirantes con fines de Adopción"
Se establece como autoridad de aplicación al Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Provincia.

En Diciembre del año 2003 el Congreso de la Nación sancionó la Ley Nº 25.854 mediante la cual se crea en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el "Registro Único de Aspirantes a guarda con fines de Adopción". En el art. 6º de dicha norma se establece que la Nómina de Aspirantes, se integrará con la lista de aquellos que estén inscriptos en las provincias que se adhieran a la Ley.

Con la creación de este Registro se buscó principalmente evitar la duplicidad de inscripciones, posibilitando que la inscripción hecha en cualquiera de las jurisdicciones tenga validez para todas las demás.

El Registro Único era un reclamo de quienes habían iniciado trámites de adopción, ya que el sistema anterior les exigía, inscribirse en la mayor cantidad posible de distritos.

Es conocida la grave crisis por la cual está atravesando el instituto de la Adopción en nuestro País, en donde existen gran cantidad de menores (entre niños, niñas y adolescentes) que necesitan de una familia y existen, paralelamente, innumerable cantidad de personas o familias aptas y capaces para adoptar. Las demoras y complicaciones que embarran el camino de la adopción, además de alimentar los procedimientos ilegales, dejan con las manos vacías a quienes quieren hacer las cosas como corresponde.

Con la adhesión a la Ley Nacional pretendemos que nuestra provincia tenga como prioridad organizar las expectativas de las personas y familias que desean aspirar a una adopción, permitiendo analizar, con el debido tiempo y profundidad, las condiciones materiales, morales, psicológicas, y familiares de los aspirantes, permitiendo también detener diversas situaciones de ilegalidad como ser: el tráfico de niños, la intermediación, el amiguismo en la entrega de menores en condiciones de adoptabilidad, etc.

Este debe ser el punto de partida de acciones que nos posibiliten mejorar los mecanismos necesarios a fin de poder asegurarles a los niños el derecho de ser formados, educados y protegidos en el ámbito de una familia. Esta tarea debe ser acompañada por el Estado y por todas aquellas instituciones que tienen por objetivo central la integridad de los menores.

Por ello y a fin de agilizar aún mas el proceso es que establecemos como Autoridad de Aplicación al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quien actuará siempre en colaboración con la Subsecretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia dependiente del Ministerio de Desarrollo Social.

Es indudable que el Registro ayudará a mejorar las posibilidades de adopción para los menores; aportando mayor celeridad en todo el proceso judicial; y la inscripción en una base de datos única les permitirá a los padres de nuestra provincia, ser considerados en otras provincias.